Uno de los casos está vinculado a una empresa tercerizada que recorre comercios y establecimientos del departamento solicitando apoyos para la policía mediante bonos que van desde 500 pesos en adelante. Ese hecho catalogado como irregular desde hace varios años, por varios comandos de Jefatura, no ha sido impedimento para que la empresa siguiera adelante con su propósito. Muchos comerciantes terminaron aportando dinero pensando que de esa forma se mejoraría la presencia policial en las calles. El hecho está en manos de la Justicia.
El otro caso, que está en la órbita de Asuntos Internos y por el que han concurrido a declarar siete efectivos, tiene relación a una denuncia presentada por un sindicato sobre una "presunta irrregularidad" cometida al solicitarse apoyo económico para determinadas iniciativas que se remontan a la gestión anterior. El tema fue advertido oportunamente por algunos productores de la zona lo que dio pie para una instrucción administrativa en la órbita del ministerio del Interior.