Ya es un hecho: la crisis por el coronavirus aplazará hasta nuevo aviso las elecciones departamentales, que se iban a concretar el domingo 10 de mayo. Las autoridades de la Corte Electoral transmitieron ayer de mañana a representantes de casi todos los partidos políticos -solo faltaron a la reunión el Partido de la Gente, el Partido de los Trabajadores y el Partido Digital- que, por varias razones, no podrán asegurar “el normal desarrollo” del proceso e incluso de la jornada electoral. Eso, en un sistema garantista como el uruguayo, es una situación inédita al menos desde el regreso a la democracia.

Un rato después, la vicepresidenta Beatriz Argimón recibió un documento firmado por el presidente interino Wilfredo Penco y la secretaria letrada Martina Campos, donde se explica el impacto de la declaración de emergencia sanitaria y la situación del país en la preparación de las elecciones. Argimón inició contactos con los coordinadores de bancada y pedirá aportes a la academia, según dijo a El País.

El problema es que el artículo 77 de la Constitución establece que la elección “se realizará el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales”. ¿Eso se puede cambiar? Sí pero los constitucionalistas no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo. El catedrático en derecho constitucional Ruben Correa Freitas dijo a El País que la norma constitucional es “muy clara” en cuanto a la fecha y que solo se puede cambiar con una reforma constitucional. A su juicio, una ley interpretativa para postergar la elección sería “claramente inconstitucional” porque una ley no puede interpretar la Constitución.

En cambio, el director de la cátedra de derecho constitucional de la Universidad Católica, Martín Risso, opina que el aplazamiento se puede hacer mediante una ley interpretativa porque “hay que ver toda la Constitución” y no solo el artículo 77. “Algunos se olvidan del artículo 44”, dijo Risso a El País, en referencia al artículo que dice que “el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas”. Risso dijo a El Observador que la “Constitución no es un pacto suicida” y que “en caso de guerra, epidemia o terremoto” hay que postergar las elecciones.

¿Qué camino plantea Correa Freitas? Dos opciones. Una es establecer por ley que el voto no es obligatorio en esta elección, aunque eso no solucionaría los problemas de la Corte para organizar las elecciones.

La segunda opción es más compleja pero Correa dice que permitiría solucionar el tema. Se trata de una ley constitucional, que reformaría la Constitución y se fijaría una nueva fecha para la elección. Ese tipo de leyes requieren dos tercios de votos y la posterior ratificación plebiscitaria. “Las leyes constitucionales se plebiscitan en la fecha que se determine. Ese plebiscito se haría el mismo día de la elección departamental, por ejemplo el segundo domingo de setiembre o de octubre”, explicó Correa. ¿Y si la ciudadanía vota en contra de ese cambio de fecha? “Ahí estaríamos en un grave problema. Estaríamos locos los uruguayos”, respondió el experto y se rió.

Partidos políticos.

El presidente del Frente Amplio Javier Miranda dijo que hay que estudiar las alternativas, “dentro del marco de la Constitución”. El actual presidente del Directorio blanco, Pablo Abdala, dijo a El País que la única decisión posible es la postergación y afirmó que los plazos apremian.

En tanto, el secretario general colorado, Julio María Sanguinetti, dijo a El País que hay un vacío constitucional y que una ley interpretativa es “un camino peligroso” porque establece un precedente que permitirá en el futuro “cualquier exceso o barrabasada” si se tienen las mayorías. Como Correa Freitas, Sanguinetti es más partidario de la ley constitucional, aunque es “un camino difícil”.