El ministro dijo que intendencias deben aprovechar mejor los recursos que les da el Estado. La caminería rural, que fue tema en la campaña por las elecciones departamentales, y es un problema central para varios sectores como consecuencia del aumento del transporte de carga por el crecimiento de los volúmenes de producción del país, está bajo la lupa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La cartera, que afina sus números para el presupuesto, detectó que en el primer semestre del año ocho intendencias (Artigas, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Lavalleja, Salto, San José y Tacuarembó) no ejecutaron el dinero del Impuesto al Patrimonio que el gobierno central les otorga para la caminería rural. De US$ 15,5 millones se utilizó hasta ahora solo el 5% del dinero.

Las que más han aprovechado los recursos son las de Montevideo (35%), Río Negro (30%), Canelones (21%) y Paysandú (21%).

En 2014, en tanto, se le transfirió a las intendencias US$ 17,6 millones y se ejecutó el 97%. Hay seis intendencias (Artigas, Cerro Largo, Durazno, Salto, San José y Soriano) que no ejecutaron el total de la partida que les correspondía.

El ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo ayer en una reunión con periodistas en su despacho, que ha habido un "gran esfuerzo del país" en los recursos destinados para la caminería rural y departamental y que "debe aprovecharse" el dinero público.

Rossi entiende que el Impuesto al Patrimonio no se debería transferir en su totalidad a los gobiernos departamentales y asegura que es necesario "delimitar y precisar" las tareas y competencias que deben realizar las intendencias con dineros del gobierno central.

"Esos recursos se necesitan también para el conjunto de la infraestructura del país. No creo que el Impuesto al Patrimonio deba ser exclusivamente para obras que se deciden a nivel departamental", afirmó el ministro.

Más de lo mismo. El panorama se reitera en convenios que la cartera tiene con las intendencias: el 370, para caminería rural, y el 371, para caminería departamental.

El primero implica US$ 12,9 millones de los cuales en 2014 se ejecutó el 93%, mientras que en el segundo la cifra se reduce a US$ 5,5 millones y registró una ejecución del 94% en 2014.

La Intendencia de Salto, por ejemplo, fue la que ejecutó menos durante el año 2014 del programa 370: tenía asignados US$ 797.993 y ejecutó solo el 55%. Sin embargo, del programa 371 usó el total, algo que no ocurrió en la de Cerro Largo que ejecutó el 40% de los US$ 400.000 que le correspondían para dicho período.

Según explicó ayer Rossi, el dinero se distribuye en función de coeficientes determinados pero cada intendencia ejecuta a su criterio.

"Sería bueno delimitar porque si no hay intendencias que logran mejores resultados y otras que tienen dificultades. Yo no soy un juez, solo digo que las cifras indican que algunos usan todos los recursos y logran mejores resultados", comentó.

El secretario de Estado puso en duda que el gobierno pueda seguir transfiriendo el mismo monto que destinó en 2014 y 2015 aunque aclaró que el manejo es de OPP.

"Me da la impresión que durante 2014 y 2015 hubo un flujo de dinero, que hay saldos pendientes para aprovechar y en el futuro el presupuesto tendrá que ver cómo aprovechar de mejor manera esos recursos", dijo.

Buenos amigos. Una hora después que terminara la reunión de Rossi con periodistas, la página web de Presidencia colgó una nota bajo el título "OPP ratifica buen relacionamiento con intendencias y mantiene programas de desarrollo".

Allí el director de Descentralización e Inversión Pública, Pedro Apezteguía, confirmaba "el buen relacionamiento con las intendencias" y que continuaba el trabajo con los intendentes electos en la definición de las transferencias del gobierno nacional.

"Se mantendrán el funcionamiento del Fondo de Desarrollo del Interior, así como también el Proyecto de Mejora de la Gestión de los Gobiernos Subnacionales, conocido como PDGS", dijo Apezteguía.

El jerarca indicó que "se profundizará" el trabajo realizado por el programa que en el período pasado se denominó "Uruguay Integra", un instrumento de trabajo para pequeñas localidades del país que procura la cohesión social.

PPP: prevén US$ 663 millones en obras.

El gobierno anunció en total ocho proyectos de PPP (participación público privada) para rehabilitar rutas que "tienen una exigencia mayor". Los proyectos anunciados equivalen a 1.630 kilómetros de rutas con 130 kilómetros de obra nueva y una inversión estimada para el quinquenio de 663 millones de dólares. Rossi había comentado que en este contexto está decidida la ampliación de contratos con privados en rutas 5 y 8 y con la Corporación Vial del Uruguay. "Hay que armar un sistema que permita mantener el nivel", dijo el ministro.

MTOP analiza prohibir transporte de carga por las rutas nacionales.

Que el estado de las rutas en Uruguay no es el mejor es conocido no solo en el país sino también internacionalmente. Incluso, UPM descartó tiempo atrás construir una segunda planta de celulosa en Uruguay y el vicepresidente de la firma, Jaakko Sarantola, dijo que antes de que UPM se plantee la posibilidad de incrementar sus inversiones en el país, debería "mejorar la infraestructura para facilitar la logística, sobre todo la red de carreteras".

Ayer el ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo en la reunión con periodistas que su cartera debe "avanzar" en reglas para el transporte pesado.

Rossi aseguró que lo mejor sería que utilice algunas rutas que estén determinadas e impedirles circular por otras que el gobierno defina.

Recuperar el rezago que hay en rutas nacionales y departamentales demandará US$ 1.300 millones y más del 50% necesita obras, según el estudio Uruguay Infraestructura 2030, que fue coordinado en el año 2013 por Javier De Haedo.