La aplicación de herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes en Uruguay y sus consecuencias “empiezan a visualizarse ante la creciente movilización de diversos sectores que denuncian severos impactos en la salud humana, animal y ambiental”, informó días pasados la agencia de noticias DPA.

El tema fue abordado por primera vez en el seno de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

La agencia recuerda que Uruguay es un país de 3.2 millones de habitantes, pero que, sin embargo, produce alimentos para 29 millones de personas y que históricamente basó su modelo de desarrollo y crecimiento en sus recursos naturales.

En el informe se indica que Uruguay tiene 16 millones de hectáreas cultivables, “pero la expansión acelerada del cultivo de soja y la deforestación amenazan con reducirla a 3 millones”.

En ese marco, se indica que la soja, que se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación, “es el sector que más utiliza las fumigaciones aéreas con pesticidas, que no están prohibidas ni reguladas en Uruguay como ocurre en el otros países de Sudamérica o de Europa”.

En tal sentido se remarca que son los gobiernos municipales los que tienen la potestad de aplicar leyes, poder que se limita sin embargo a su territorio, y que de los 19 departamentos, Canelones es el único que dispone de esa herramienta legal.

DPA informó que en un encuentro reciente para tratar el tema, pobladores rurales, trabajadores, cooperativistas, pequeños productores, educadores y científicos “denunciaron la despoblación de zonas del país por esa causa, tanto de seres humanos como de animales”.

En ese marco se alertó que en forma periódica “se denuncia la muerte de animales, ya sean vacas, corderos, cerdos, peces y empiezan a preocupar las estadísticas sobre los casos de cáncer en seres humanos”.

Según la toxicóloga Mabel Burger, en la actualidad “se están utilizando varios herbicidas juntos, ya que muchas malezas se hicieron totalmente resistentes al glifosato”. Por lo cual “al glifosato se le agregó el 2.4-D, que tiene una toxicidad mucho mayor y con efectos crónicos, documentados internacionalmente”.

Denunció que “Dicamba es otro herbicida que se está utilizando, siendo que fue prohibido desde hace décadas en otros países, pero autorizado en Uruguay”.

Por su parte, DPA citó declaraciones del director de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Inocencio Bertoni, quien admitió que “las normas no se cumplen un cien por ciento, por lo que se estima que habrá que recorrer todavía un largo trecho para coordinar acciones y mejorar la situación”.

En el informe se expresa que “en Uruguay tampoco existe un seguimiento sobre la salud de los pobladores en las zonas afectadas por las fumigaciones, ni revisiones o controles sobre la pureza del agua en reservorios como cañadas, ríos o lagunas, principalmente en las regiones de los plantíos transgénicos”.

En tal sentido las organizaciones sociales reclaman un “mapa epidemiológico pautado por este problema y una Ley nacional ambiental”.