Por falta de rubros para funcionamiento, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió cerrar 13 juzgados de Paz en el interior del país.

"Esta es la cuarta Rendición de Cuentas que el Poder Judicial no recibe un céntimo", dijo ayer en una rueda de prensa el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique.

Tras aclarar que el único refuerzo presupuestal que obtendrá el Poder Judicial tiene como destino la implementación del Código de Proceso Penal prevista para el próximo año, Pérez Manrique sostuvo que la institución "arrancó de cero" en este quinquenio. "Se ha pedido lo mínimo en esta Rendición de Cuentas teniendo en cuenta el Poder Judicial la situación que vive el país", sostuvo el jerarca aludiendo a la negativa del gobierno de otorgar más fondos a la Justicia.

Recordó que el Poder Ejecutivo pidió un incremento presupuestal de $ 26 millones. "Esos recursos son para cubrir gastos de acá al 31 de diciembre. El Poder Judicial es absolutamente deficitario", advirtió Pérez Manrique.

Para disminuir gastos, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó el cierre de 13 juzgados en el interior del país. A través de una circular, la Corte dijo que las supresiones alcanzarán juzgados de Paz de Artigas, Salto, Cerro Largo, Paysandú, Soriano y Treinta y Tres. En Artigas, fueron cerradas las sedes de Bernabé Rivera, Colonia Palma y Pueblo Sequeira. En Cerro Largo, se suprimió el juzgado de Plácido Rosas. En Lavalleja, fueron eliminados los juzgados de Paraje Polanco y Pirarajá. En Paysandú, se suprimió la sede de Piedras Coloradas y en Río Negro el juzgado de Sarandí de Navarro.

En Salto se reorganizaron las funciones del juzgado de la sexta sección judicial del departamento. En Soriano, se cerraron los servicios en Vi- lla Soriano y Pueblo Agraciada. Por último, en Treinta y Tres se redistribuyeron los casos correspondientes a Poblado Rincón e Isla Patrulla, informó ayer Subrayado de canal 10.

Dificultad.

El Poder Judicial recibe el 1,2% de los dineros públicos; al finalizar los cinco años del actual gobierno del presidente Tabaré Vázquez lo adjudicado será de 0,80% del global. Ese porcentaje es menor al que disponían luego de la crisis de 2002.

Por ello, el Poder Judicial no hará nuevas obras, se postergará la finalización de algunas, comenzará a escasear el papel en los juzgados, la limpieza y se resentirá la seguridad en los juzgados.

En febrero de este año, el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Ricardo Míguez, dijo a El País que la situación es "preocupante". "Ya hay dificultades en los juzgados, por ejemplo con el papel. Yo antes sacaba tres copias de las sentencias. Ahora saco dos y bajé un 30% el consumo de papel", dijo.

 Suprema Corte eeclama fondos al Poder Ejecutivo para llegar a fin de año.

Por falta de rubros para funcionamiento, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió cerrar 13 juzgados de Paz en el interior del país.

"Esta es la cuarta Rendición de Cuentas que el Poder Judicial no recibe un céntimo", dijo ayer en una rueda de prensa el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique.

Tras aclarar que el único refuerzo presupuestal que obtendrá el Poder Judicial tiene como destino la implementación del Código de Proceso Penal prevista para el próximo año, Pérez Manrique sostuvo que la institución "arrancó de cero" en este quinquenio. "Se ha pedido lo mínimo en esta Rendición de Cuentas teniendo en cuenta el Poder Judicial la situación que vive el país", sostuvo el jerarca aludiendo a la negativa del gobierno de otorgar más fondos a la Justicia.

Recordó que el Poder Ejecutivo pidió un incremento presupuestal de $ 26 millones. "Esos recursos son para cubrir gastos de acá al 31 de diciembre. El Poder Judicial es absolutamente deficitario", advirtió Pérez Manrique.

Para disminuir gastos, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó el cierre de 13 juzgados en el interior del país. A través de una circular, la Corte dijo que las supresiones alcanzarán juzgados de Paz de Artigas, Salto, Cerro Largo, Paysandú, Soriano y Treinta y Tres. En Artigas, fueron cerradas las sedes de Bernabé Rivera, Colonia Palma y Pueblo Sequeira. En Cerro Largo, se suprimió el juzgado de Plácido Rosas. En Lavalleja, fueron eliminados los juzgados de Paraje Polanco y Pirarajá. En Paysandú, se suprimió la sede de Piedras Coloradas y en Río Negro el juzgado de Sarandí de Navarro.

En Salto se reorganizaron las funciones del juzgado de la sexta sección judicial del departamento. En Soriano, se cerraron los servicios en Vi- lla Soriano y Pueblo Agraciada. Por último, en Treinta y Tres se redistribuyeron los casos correspondientes a Poblado Rincón e Isla Patrulla, informó ayer Subrayado de canal 10.

Dificultad.

El Poder Judicial recibe el 1,2% de los dineros públicos; al finalizar los cinco años del actual gobierno del presidente Tabaré Vázquez lo adjudicado será de 0,80% del global. Ese porcentaje es menor al que disponían luego de la crisis de 2002.

Por ello, el Poder Judicial no hará nuevas obras, se postergará la finalización de algunas, comenzará a escasear el papel en los juzgados, la limpieza y se resentirá la seguridad en los juzgados.

En febrero de este año, el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Ricardo Míguez, dijo a El País que la situación es "preocupante". "Ya hay dificultades en los juzgados, por ejemplo con el papel. Yo antes sacaba tres copias de las sentencias. Ahora saco dos y bajé un 30% el consumo de papel", dijo.

Fotografía extraída del el telescopio.com.uy