Escribe Dr. Federico Arregui.

Previo a todo quiero agradecer y hacer recíproco, el abrazo enviado por el amigo José Legaspi, del Grupo Ideas, a mi persona, lo cual habla de sus cualidades personales y el sentido pluralista que debe primar en una República.

Quiero seguir pensando en el sentido de la República y confiar en la solvencia de sus instituciones -a pesar de algunos pesares-, y no empezar a creer como algunas personas ya lo hacen, en que estamos asistiendo a una especie de “republiqueta” o de “república bananera”.

Y digo esto porque en los últimos días los sucesos se han dado en una forma tan vertiginosa, que pueden no dejar espacio suficiente para reflexionar.

Ya desde el pasado mes el caso de “Cambio Nelson” viene dando que hablar, y con acierto José Legaspi refiere a ello en su último artículo publicado.

Ahora bien, desde el 22 de febrero próximo pasado, el B.C.U ha emitido a través de su Presidente y demás autoridades, un claro mensaje en cuanto a qué pueden y qué no pueden hacer las casas de cambio, normativa que, a primera vista, habría sido eludida por la empresa en cuestión.

Las primeras palabras del Presidente del órgano competente en materia de contralor financiero, consistieron en negar toda responsabilidad en los hechos al Banco Central, alegando desconocimiento sobre la operativa que llevaba adelante Camvirey S.A.

Sin embargo, parece poco razonable, y con el pasar de los días más, que un escándalo de tales dimensiones y volumen dinerario manejado, pudiera haber pasado desapercibido en un medio reducido, porque en definitiva si “el Uruguay es chico y nos conocemos todos”, más aun en el interior del país. . . 

Por lo demás, no se trataba de una pequeña casa de cambio o sucursal,  porque vaya…eran 11 sucursales en Uruguay según arroja la información primaria, cuyo centro operativo se ubicaba nada menos que en la zona Este.

De todos modos, escapa a la lógica que en una ciudad del interior, e incluso en Montevideo, fuera tal el desconocimiento respecto a que la operativa irregular venía cumpliéndose. 

Y si realmente nada de lo sucedido pudo detectarse, también ello implica que tenemos un serio problema como país, pues queda claro que no se tiene la capacidad mínima para detectar situaciones de una gravedad extrema, quedando un importante saldo de personas y empresas perjudicadas, lo cual  involucra y perjudica a su vez actividades conexas, como la rama inmobiliaria, del transporte, etc..

No podríamos hablar de seriedad, de responsabilidad, de capacidad en el manejo de la cosa pública. 

Si realmente el propietario del cambio logró burlar al país, ¿estamos en condiciones de controlar eventuales lavados de activos?, ¿estamos en condiciones de dar la lucha frente a actividades ilegales de envergadura?.   

¿Realmente vamos a esperar que un empleado de una casa de cambio denuncie irregularidades?.

Tal vez quienes idearon la ley que así lo dispone, no pensaron en lo poco probable que parece, que un empleado, so pena de perder su fuente laboral o sufrir males mayores, se involucre como denunciante de hechos de naturaleza delictiva con todas las consecuencias que esto puede acarrearle.   

Tal vez muchas personas comunes y corrientes, prefieran no verse involucradas en cuestiones de ésta naturaleza, y aunque pese, la realidad indica que nadie quiere “meterse en líos” como se dice comúnmente.

Por lo demás, según indica la información salida a la luz, incluso la Cámara de Empresarios de Maldonado tenía conocimiento y había hecho saber su preocupación en torno a este asunto.

Ahora bien, si los órganos estatales encargados de fiscalizar cualquier área de la actividad nacional, realizan controles, inspecciones, fiscalizaciones, a vía de ejemplo el  M.T.S.S sobre el cumplimiento de la normativa laboral, las Intendencias mediante el control bromatológico, la D.G.I evitando  eventuales evasiones de contribuyentes, y hasta el B.P.S respecto de las obras edilicias, cabe razonar que también es posible un mínimo de control, un poco más de celo en la fiscalización de las actividades de éste grupo de empresas.

Es obvio que si nadie controla nada, si no se efectúan inspecciones de rutina, no se pueden establecer eventuales irregularidades.

No se debe espera a la existencia de denuncias para que los organismos estatales cumplan con sus funciones fiscalizadoras, es a través del ejercicio del rol debido por los distintos organismos públicos, que logran verificarse eventuales irregularidades o ilegalidades en las diversas actividades sujetas a control.

Hablando de contralores, véase qué paradoja: la D.G.I como decíamos anteriormente, cumple su rol a cabalidad y actúa con sumo celo en el Departamento de Maldonado sobre todo en Punta del Este, claro está, debido al volumen que concentra la actividad económica y comercial en la principal zona turística.

También el B.P.S y el M.T.S.S actúan de igual forma, tanto en la citada zona como en otras, y es que el Estado no puede estar ausente o mirar para otro lado en actividades que son clave para el país.

Pero qué curioso, que extraño resulta a muchos, que el Banco Central no tenga la obligación legal de ejercer un mínimo contralor sobre la operativa de las casas de cambio, de haber sido así no habrían perdido tantas personas de buena fe –otra vez en el Uruguay- su dinero.

La posición del B.C.U no puede aceptarse en términos absolutos a la luz de la Carta Orgánica que le asigna cometidos de evaluación respecto de las “entidades supervisadas” también en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente.     

Y no era cuestión de “andar atrás de todas las personas del país” a ver si alguien le da plata a un “amigo” para que se la maneje, como dijo el Economista Mario Bergara, era ejercer el mínimo o adecuado contralor respecto de las casas cambiarias, cuando además la ley previene que se controlará para evitar el lavado de activos y actividades relacionadas con narcotráfico y terrorismo, lo cual reviste una gravedad mucho mayor aún. En el caso además cabría preguntarse si no cabría una acción judicial de responsabilidad por daños derivados a particulares por la omisión en el contralor de la actividad del Cambio y sus cadenas, en cuestión.

Si no se está en condiciones de detectar las ilegalidades que quedaron al descubierto en una casa de cambio, menos aún podrán detectarse eventuales actividades financistas del terrorismo o del narcotráfico

En el caso en cuestión, fue la uruguaya residente en el exterior del país y que vimos en los noticieros, así como personas de a pie quienes se vieron perjudicadas…, pero claro, uno puede pensar que estamos en un país donde somos depositarios de tantos bienes preciados de los cuales nos enorgullecemos: aquí no existe corrupción o ella es mínima, este es un país serio, existe seguridad jurídica, etc…, que no pueden ocurrir cosas como éstas. 

Y sin dudas que quienes depositaron su dinero también basaron su confianza en el sistema, era impensable seguramente para muchos de ellos que se violaban gravemente las normas jurídicas, pues no todas las personas tienen por qué conocer el ordenamiento jurídico vigente para una actividad determinada. Aunque el desconocimiento de las leyes no es excusa, según preceptúa el artículo 8 del Código Civil, lo mismo o similar ocurría cuando el clan Peirano captaba depósitos para el Trade Commerce Bank pagando interes superiores a los bancarios en una isla del Caribe.-

Todo transcurría en un aparente marco de legalidad. Los depósitos y toda la operativa del cambio se llevaba a cabo públicamente sin ningún tipo de inconveniente ni cortapisas de ninguna índole. Claro, hasta que cerró sus puertas.    

Pareciera que era cosa corriente que varios representantes de empresas y personas en general –no uno o dos-, confiaran al cambio importantes depósitos de dinero donde recibían mayor interés que  en plaza, pareciera que se actuaba por el operador cambiario, con total  tranquilidad (por no decir impunidad), para violar a ojos vistas el orden jurídico.

Bien puede pensarse que quien así actúa, se siente lo suficientemente seguro y hasta amparado.

¿Habrán más casos?. 

Más se oscurece el panorama cuando el propio Ministro del Interior  Eduardo Bonomi aseguró el pasado 9 de marzo que “existen intereses políticos” en que la cuestión no continúe difundiéndose, al igual que las consecuencias de la operativa irregular.

Refirió también a algunos medios masivos de comunicación en cuanto al silencio que según entiende han mantenido sobre el tema, suponiendo que ello puede deberse a intereses políticos, a la vez que subrayó el hecho de que otras situaciones reciban más atención o en forma más repetitiva.

También el Ministro Ernesto Murro cuestionó lo que denominó “silencio político”.

Ahora bien, primero que nada: ¿De qué nos estamos perdiendo los uruguayos?.

¿Se está diciendo por las autoridades que existen intereses o intencionalidad política en guardar silencio sobre esta cuestión tan grave?.

¿Quiénes callan y por qué?.

Que los Señores Ministros hablen claro.

Si se tiene alguna respuesta bueno sería saberlo, más allá de que según parece, la cuestión no escaparía a muchos.

Y si de intencionalidad política o interés en mantener silencio se habla, quien sí “rompió el silencio” fue el Diputado del Frente Amplio Darío Pérez en edición central de Telemundo 12 el 17 de marzo pasado. En este orden vinculó directamente al ex intendente fernandino Oscar De los Santos, con el Sr. Sanabria, titular de la multicitada casa cambiaria.

Lamento decir que si es así, esto no es un tema del Frente Amplio ni de su Comisión de Etica nada más, nos atañe a todos los ciudadanos. 

Más allá de este caso puntual, es propicia la oportunidad para empezar a despejar dudas, a conocer el perfil de eventuales figuras públicas que tal vez puedan tener alguna vinculación o implicancia, e incluso responsabilidad civil o penal por operaciones ilícitas de alguna naturaleza.

Como todavía estamos en ascuas respecto a muchas interrogantes, habrá que ver cómo transcurren los hechos; sin perjuicio  de reparar, en que resulta mucho más grave que existan “intereses políticos” en callar por parte de cualquiera de nuestras autoridades, que en los medios periodísticos.

Porque vamos. . .lo de “es una operación de los medios” cuando de informar se trata, no parece una justificación felíz para intentar evadir eventuales responsabilidades o de desviar la mirada. Esa frase ya la oímos otras veces.

Lo cierto es que a través de investigaciones periodísticas se revelaron en los últimos tiempos, títulos universitarios inexistentes y otros hechos que los uruguayos tenemos derecho a conocer. Al fin y al cabo si no es por los medios ni por denuncias e informaciones a nadie se nos hubiera corrido el velo de los ojos por la desastrosa gestión de Ancap que hoy estamos sosteniendo con mayor carga impositiva encubiesta en los combustibles y en las tarifas de los servicios públicos ( que algunos llaman ajuste fiscal y otros consolidación fiscal para referirse al mismo fenómeno ).-

Y, hablando de cuestionamientos efectuados también a los medios, habrá que estar a las resultancias de las investigaciones judiciales en torno a otro caso que no es menor, el relacionado a las viviendas sindicales, ésto más allá de eventuales demandas anunciadas contra algún medio periodístico.

Por supuesto que en lo que aquí nos interesa como país, está ya actuando la Justicia y según parece está llevando a cabo un arduo trabajo.