Según la situación al día de hoy, la intendencia de Rio Negro debería devolver 2 millones de pesos que percibió el 30 de diciembre de 2016 por parte de Montevideo Refrescos SA (MONRESA) debido a que la transacción acordada, no tendría la mayoría en la Junta Departamental para lograr la anuencia.

Según supo InfoRIO, los dos partidos de la oposición no votarían el contrato de transacción, ya que hay dudas. La situación es compleja por estas horas dentro del Frente Amplio también, ya que hay al menos 1 edil de los 16, que no aceptaría votar el acuerdo en estos términos.

Historia de los hechos.

En base a la información que posee InfoRIO, en el presupuesto 2005-2010 (Partido Nacional) se estableció el cobro de una Tasa Bromatológica. Dichos artículos del presupuestos tuvieron la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de Montevideo Refrescos SA (MONRESA) por considerar que hubo una mala redacción del presupuesto. Dicho reclamo tuvo sentencia favorable a la empresa en 2008 y la intendencia debía devolver lo recaudado, un monto de casi 970 mil pesos. Ante esto la intendencia realizó acuerdos y descontó unos 65 mil pesos por el impuesto de Propagandas y Avisos. El resto del dinero unos 905 mil pesos había quedado en arcas municipales y esto podría habilitar un reclamo de MONRESA.

Desde entonces MONRESA no ha abonando más. En 2008 el ejecutivo cambió la redacción de estos artículos del presupuesto y nuevamente en 2011, el presupuesto establecía el cobro de la Tasa Bromatológica y la empresa volvió a entender que era inconstitucional porque estaba redactada de forma similar al presupuesto anterior, por lo que tampoco abonó lo establecido. Luego en 2013 hay un cambio en la redacción, que salvaría posibles reclamos de inconstitucionalidad, redacción que el actual ejecutivo mantiene en el presupuesto actual.

Ante tales diferencias existentes, es que el actual ejecutivo departamental buscó mecanismos de acuerdo con MONRESA y se acordó una transacción de pago de 2 millones de pesos, quedando saldada la deuda total que la empresa tenía con la intendencia por el valor de unos 4.590.000 pesos.

Dicho acuerdo se realizó el 30 de diciembre de 2016 y ese mismo día se hizo efectivo el pago por parte de MONRESA de 2 millones de pesos. Dicho acuerdo debe tener la anuencia de la Junta Departamental y para eso el Frente Amplio debe contar con 16 votos, algo que al día de hoy no tendría.

Además se estableció en el contrato de transacción que el plazo para lograr la aceptación de la Junta Departamental era de 90 días, plazo que expiró el 1o de abril. En caso de no conseguir la aprobación la IDRN debe devolver en un plazo no mayor a 60 días el importe percibido ajustado por IPC.

Fuentes confiaron a InfoRIO que el pasado jueves en la reunión de la comisión de Legislación y Hacienda ampliada, el tema fue abordado, pero en la misma no se emanó ningún informe y la comisión le solicitó al Ejecutivo que ampliara información. La idea original era que dicho informe se aprobara en la sesión ordinaria del pasado viernes en el legislativo. Tras la reunión de la comisión dentro del Frente Amplio, ediles plantearon su diferencia con el acuerdo.

En el contrato de transacción se establece que MONRESA renuncia a unos 419 mil pesos y el resto unos 485 mil pesos se compensará los adeudos que desde agosto de 2016 se generaron y que se generen en el futuro hasta la concurrencia de dicha suma. Además se aplicará compensación a la empresa distribuidora en el departamento que es RAVELNOR (de Soriano), de la tasa que deba abonar.

El próximo martes habrá una nueva reunión en de la Comisión de Hacienda y esta será clave para establecer la postura final de todos los ediles. Los ediles que plantearon la diferencia esperan que se escuchen los planteos y que se aclaren las cifras para aprobar el acuerdo.

Partido Nacional: el tema se analiza en la Departamental

El análisis de este tema en el Partido Nacional trasciende la bancada y se está analizando en la Departamental y allí se resolverá. Como está planteado el tema, el Partido Nacional no votará este acuerdo.

Uno de los puntos fundamentales es que para la anuencia de la Junta Departamental, debió solicitarse antes de haber cobrado el dinero, y no haberse informado después de haber acordado y menos aún después de haber recibido el dinero.

Otro punto es que a la vista del contrato firmado, esta situación pone en una situación de privilegio a este contribuyente con respecto a otros y expone a la intendencia a que en cierta forma se acepta en los antecedentes una amenaza de iniciar acciones judiciales. 

Partido Colorado: Queremos más información

En la bancada del Partido Colorado no hay una postura formada al respecto y por eso se pide ampliar la información de la situación. La idea de los ediles es poder acceder a la historia tributaria de MONRESA para saber fehacientemente cuál es el monto exacto de la deuda.

Para los colorados hay convicción de que la deuda es mayor que los 4.590.000 pesos que aparecen en el contrato. Para esto es que se pide que se presente la historia tributaria de la empresa.

Otro aspecto que llama la atención es porque se involucra a RAVELNOR que sería otro contribuyente distinto.

El Partido Colorado pretende saber también cuantos casos similares hay de reclamos de inconstitucionalidad, porque hay conocimiento de un caso en el año 2011 donde una empresa realizó un reclamo de inconstitucionalidad el cual en este caso fue favorable a la intendencia.