El Congreso de Intendentes no apoyó al intendente de Paysandú, Mario Bandera, en su propósito de interesar a los legisladores del Interior para que propongan proyectos de ley que profundicen las penas contra el abigeato, según informó Enrique Sánchez de El telégrafo.

En una postura que por lo menos no se recuerda una similar tomada con anterioridad en este ámbito, se decidió “pasar las palabras del intendente de Paysandú a la comisión respectiva del Parlamento Nacional”, una decisión propia del Poder Legislativo, pero no del Congreso de Intendentes.

Bandera fue escuchado con atención, pero ningún intendente o representante hizo comentario alguno --y tampoco lo hizo la mesa-- decidiéndose solamente pasar lo expresado en “la herradura” por el intendente sanducero a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca “del Parlamento”, sin especificar por qué Cámara se ingresará.

“No voy a abundar en la normativa existente, porque todos la conocemos”, dijo Bandera. “Pero creo que también sabemos cuánto perjudica a nuestros departamentos el abigeato, cómo se ven afectados nuestros productores y su impotencia. Que también es nuestra impotencia, porque no podemos hacer nada”.

“Sabemos que el Ministerio del Interior, a través del Bepra trabaja muy fuerte, y que los juzgados que atienden los casos muchas veces no pueden hacer nada, como comúnmente decimos. Es por eso que me parece que es tiempo de agregar configuraciones nuevas a la ley, para poder así dar mejor castigo a quienes cometen abigeato en sus múltiples formas”, agregó.

“Por ejemplo”, opinó, “¿Por qué no incluir en lo que son los agravantes del delito el asunto de que las personas que se encuentren culpables sean las que manejan mucha de la hacienda del país, los consignatarios de ganado, los comisionistas y demás intermediarios?” Y agregó que también hay que endurecer las penas “a los transportistas, específicamente a aquellos que participan, no a todos, también como agravantes”. Y además, “¿por qué no incluir a los comercios, a los boliches de barrio, que todos sabemos que venden carne, milanesas y otros productos. Y todos suponemos --y digo \'suponemos\' porque hay que probar cada caso-- que esa carne es producto de abigeato”.

En el mismo tema, Bandera subrayó que “sería de consideración incluir en el tipo penal a otros comerciantes que no tipifican la conducta exigida penalmente en el delito de abigeato, pero que son instrumentales e indispensables a la hora de comercializar los productos del delito. Esto es, los propietarios de carnicerías que adquieren y venden carne de lanares o vacunos procedentes de abigeato y como dije antes, los titulares de comercios en general que reciben y venden productos cárnicos provenientes de la comisión de este delito”.

En el informe presentado ante el Congreso de Intendentes, en su septuagésima sesión ordinaria, restando solamente dos para terminar el período --las sesiones de mayo y de junio, desde que en la de julio se producirá el cambio de autoridades--, Bandera recordó que “el delito de abigeato se verifica cuando, fuera de las ciudades o pueblos, se diere muerte dolosa, se faenare o se hiciere apoderamiento con sustracción de ganado ovino, vacuno, equino y otros”, así como “el apoderamiento referido a colmenas, frutos del país, así como las operaciones de marcaje y señalamiento irregular de ganados ajenos a la alteración de marca y señales existentes en los mismos”.

“Es un delito que golpea especialmente al ámbito rural y quienes vivimos en el mismo sabemos muy bien lo duro que es para los productores, especialmente pequeños y medianos, ver mermar la cantidad de animales. A veces incluso solamente se aprecia el descuartizamiento con el ánimo solamente de llevarse parte del animal. Pero lamentablemente las penas actuales permiten, en principio, la excarcelación. Las conductas tipificadas en el articulo 258 del Código Rural se castigan con penas que van desde los tres meses de prisión a los seis años de penitenciaría. Como la mínima es prisión, es excarcelable, por cuanto su guarismo es mínimo”, explicó el intendente sanducero.

“Por eso es que creo que hay que interesar a los legisladores, especialmente los del Interior del país, en este tema, porque con estas penas no estamos ayudando a combatir el abigeato. Se hacen necesarias penas mayores y eso depende del Poder Legislativo. Creo si que nuestra función, porque este delito pasa en nuestros territorios, es trabajar para que se puedan hacer más duras las penas”, subrayó.

Recordó que “en el congreso que realizamos en la Expoactiva quedó claro para mí que la mejor forma es direccionar este tema a los legisladores, y es lo que creo debemos hacer hoy”. Tras sus palabras, el presidente del Congreso, Artigas Barrios, abrió la posibilidad de exposiciones o debate, pero solamente respondió el silencio de todos los intendentes y representantes. 

Ante esto, en una decisión usada por los órganos legislativos, mocionó pasar las palabras de Bandera al Parlamento, sin que el Congreso de Intendentes tomara posición.