La Asociación de Escribanos del Uruguay está en alerta por la entrada en vigencia de algunos artículos de la Ley de Inclusión Financiera ya que consideran que planteará dificultades en algunas transacciones y solicitan posponer la entrada en vigencia.

A partir del 1o de abril comienzan a regir algunos artículos de esta ley que "exigen requisitos especiales para el pago de inmuebles y vehículos motorizados". "El pago ya no podrá hacerse en efectivo si el precio supera las 40.000 UI (Unidades Indexadas) impuestos incluidos" (unos 5000 dólares aproximadamente).

Si bien no es retraoctiva y comienza regir para los negocios que se celebren a partir del 1 de abril próximo, los escribanos entienden que la ley contiene defectos técnicos que crean dificultades en su aplicación, perjudicando a quienes están adquiriendo bienes mediante pagos en cuotas con documentos no registrados.

"La realidad es que hay muchas personas que no han escriturado o realizado título de su auto a su favor a pesar de haber cancelado el precio" manifiesta el comunicado emitido.

Es por ello que desde la entidad se entiende que "la ley debe prorrogarse para subsanar las imperfecciones contenidas en la misma".

Lea el comunicado:

A partir del 1/4/2018 comienzan a regir algunos artículos de la Ley de Inclusión Financiera que exigen requisitos especiales para el pago de inmuebles y vehículos motorizados.

El pago ya no podrá hacerse en efectivo si el precio supera las 40.000 UI impuestos incluidos (aprox. 5000 dólares)-

Si bien la ley no es retraoctiva y comienza regir para los negocios que se celebren a partir del 1 de abril próximo, los escribanos entienden que la ley contiene defectos técnicos que crean dificultades en su aplicación, perjudicando a quienes están adquiriendo bienes mediante pagos en cuotas con documentos no registrados.

La realidad es que hay muchas personas que no han escriturado o realizado título de su auto a su favor a pesar de haber cancelado el precio.

Es por ello que la Asociación de Escribanos del Uruguay entiende que la ley debe prorrogarse para subsanar las imperfecciones contenidas en la misma.