El Observatorio Luz Ibarburu, en representación de la viuda de Roslik, María Cristina Zabalkin, y de su hijo Valery pidió que se desarchive la denuncia por el asesinato impune del médico, ocurrido el 16 de abril de 1984 en el Batallón de Infantería número 9 de Fray Bentos. 

El escrito del observatorio presentado en el Juzgado Penal de Primer Turno de Fray Bentos aporta nuevos hechos y pruebas a la causa original y amplía la denuncia a la persecución que sufrió la comunidad de San Javier durante la dictadura. 

En efecto, el asesinato de Roslik se inscribe en una serie continuada y sostenida de operaciones represivas contra la colonia que tuvieron como objetivo vincular el origen ruso de sus pobladores con la subversión marxista, expresa el comunicado. 

Las graves violaciones a los derechos humanos permanecen impunes”. La persecución contra San Javier se intensificó después del golpe de Estado y continuó hasta el fin de la dictadura. Hubo detenciones en 1973 y 1976 hasta que en vísperas del Primero de Mayo de 1980. El 21 de junio de 1980 la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP) emitió un comunicado en el que informaba de las acciones realizadas en San Javier y de la supuesta desarticulación de un “brazo armado” de la subversión. Once de los detenidos, entre ellos Vladimir Roslik, fueron procesados por la justicia militar y cumplieron condenas de uno a cuatro años en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1 (Penal de Libertad).

Luego la noche del 15 de abril detuvieron a Roslik en su casa. Se lo llevaron encapuchado al cuartel. Esa noche también hubo otras detenciones, entre ellas la del profesor del liceo de la colonia Román Klivzov. A todos los mandaron al cuartel de Fray Bentos.

Los presos recuerdan particularmente las torturas que esa noche sufrió Roslik, y sus gritos hasta que la voz se apagó. Cuando el médico llegó al cuartel el detenido estaba muerto.

Inmediatamente se hizo una acta de defunción que atribuyó la muerte a una causa natural. La perseverancia de Mary Zabalkin, el apoyo del gremio médico y la investigación de los periodistas lograron demostrar la falsedad del documento oficial.

El pedido del Observatorio se basa en que la tortura y la muerte por torturas constituyen crímenes de lesa humanidad y como tales no prescriben. Como establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, la justicia debe adoptar “todas las medidas que sean necesarias para investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el presente caso y en casos similares en Uruguay”.

Fuente comunicado del Observatorio Luz Ibarburu.