Llamados que incumplen normativas, compensaciones extra al salario demasiado elevadas, funcionarios sin contratos de trabajo y compras de equipamiento innecesarias son algunas de las supuestas irregularidades que un grupo de profesores de la Universidad Tecnológica (Utec) han denunciado sobre el centro educativo en varios ámbitos desde noviembre.

Entre otras instituciones, las acusaciones fueron presentadas a la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, que ayer miércoles recibió los reclamos y se comprometió a investigarlos para dar una respuesta a comienzos del año que viene. A la sesión de la Comisión asistieron José Olivera, coordinador de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU); Pablo Enciso, presidente del Plenario Intersindical del PIT-CNT en Río Negro; y Fernando León, profesor de Utec y ex coordinador de la carrera de Tecnólogo en Mecatrónica, que actualmente está en conflicto administrativo con la universidad por la renovación de su cargo.

“El problema de fondo es que la Utec se está manejando más como lo hace una empresa privada que como lo hace una universidad pública”, dijo León a Búsqueda.

Entre otras cosas sostienen que la universidad no fue transparente en ciertos concursos para destinar cargos en el Instituto Tecnológico Regional (ITR) Suroeste, ubicado en Fray Bentos, inaugurado este año y la primera de las sedes que la Utec planea establecer alrededor del país.

“El candidato seleccionado para director del Instituto Tecnológico Regional Suroeste es amigo de Chilibroste”, afirma un documento que recoge algunas de las denuncias, en referencia a Pablo Chilibroste, quien junto a Graciela do Mato y Rodolfo Silveira integra el consejo que dirige la universidad.

“Para ser director del ITR se requiere trayectoria relevante para el cumplimiento de la función. El candidato seleccionado a comienzos de este año no tiene experiencia ni trayectoria relevante en gestión educativa”, agrega.

El documento también cuestiona el ingreso al ITR de Fray Bentos de tres funcionarios para ocupar los puestos de encargado de Mantenimiento, responsable de Laboratorios de Mecatrónica y asistente administrativa de Inglés. “Todos son de la ciudad de Mercedes e ingresaron por recomendación del director del ITR, que es de la misma ciudad y era integrante de los tribunales de los concursos correspondientes”, critica.

Una segunda denuncia se enfoca en los salarios que se otorgan para determinados cargos jerárquicos. Menciona los casos de la directora de Educación y del director de Operaciones e Innovación de la universidad.

“A ambos directores se les paga una compensación extra al sueldo. El sueldo base de la directora de Educación ‘sería’ de alrededor de $ 115.000 y la compensación extra de alrededor de $ 56.000. Se estima que el sueldo del director de Operaciones e Innovación es similar al anteriormente mencionado. En ambos casos el salario total supera ampliamente lo que percibe el rector de la Universidad de la República”, indica el documento en alusión a Roberto Markarian, que de acuerdo con la escala de sueldos de 2016 de la Universidad de la República obtiene $ 64.930 como sueldo básico.

Otra de las supuestas irregularidades nombradas en el documento es la existencia de “empresas de seguridad y limpieza trabajando en el ITR de Fray Bentos sin que se les haya hecho un contrato de trabajo”. Por último, se objeta la compra realizada en 2014 a la empresa española Oficina de Cooperación Universitaria del sistema de gestión académica Universitas XXI, por un precio de U$S 198.841.

“Este software es muy rígido, antiguo y no se adapta a las necesidades y requerimientos de la Utec”, apunta. “Se suma a esto que los ajustes y modificaciones que hay que realizar a este software se tienen que pagar aparte y son muy caros. Se tendría que haber desarrollado un sistema de gestión académica ‘a medida’ de los requerimientos de la Utec a través de un llamado a licitación a empresas de software uruguayas para la implementación del mencionado sistema de gestión académica”.

Mayor involucramiento.

La Ley Nº 19.043 de creación de la Utec establece en su artículo 14 que la universidad deberá regirse a través de un Consejo Directivo Central integrado por un rector, dos delegados electos por el orden docente, dos delegados electos por el orden de estudiantes, un representante de los trabajadores y un representante de los empresarios.

Ese Consejo aún no se formó y mientras tanto funciona uno provisorio integrado por Chilibroste, Do Mato y Silveira. Ese fue uno de los puntos que más interesaron a la Comisión de Educación de Diputados, que planteó estudiar la posibilidad de agilizar la formación de ese Consejo en lugar de la Directiva provisoria establecida en 2013. “Se toman las decisiones desde Montevideo ‘detrás de un escritorio’ sin conocer la realidad territorial y la operativa diaria de Utec en el interior. Cuando algún funcionario ha señalado estas cuestiones como crítica constructiva al Consejo provisorio y demás autoridades, no ha sido bien visto”, afirma al respecto el documento con las denuncias.

Indirectamente, los reclamos hechos ante la Comisión de Educación de Diputados derivaron en otra iniciativa: la intención de formar un sindicato de profesores y funcionarios de la Utec. Al tratarse de una universidad nueva (creada en 2012 e inaugurada en 2014), los profesores tuvieron dificultades para definir cómo canalizar sus protestas, por lo que ahora están dando los pasos para que en el futuro representen a una organización específica.

“Una de las cosas que ellos no tienen es gremio, y es necesario que lo formen”, dijo a Búsqueda Olivera, coordinador de la CSEU, la primera organización a la cual acudieron los profesores de la Utec, ya que aglomera a trabajadores de Primaria, Secundaria, UTU, Formación en Educación y la Universidad de la República, tanto a nivel público como privado. “Ya están avanzadas las conversaciones con el PIT-CNT para que el gremio sea creado. Va a permitirles a los docentes accionar de mucho mejor manera cuando tengan inquietudes o conflictos de cualquier tipo”, agregó.

El miércoles 7, la CSEU resolvió apoyar, respaldar e impulsar la conformación de un sindicato de docentes y funcionarios de la Utec. Además fue quien planteó formalmente las denuncias ante la Comisión de Educación de Diputados. También las presentó ante la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, encargada de emitir opinión sobre las políticas educativas de la educación pública e impartir recomendaciones a los entes. “Queremos que haya un mayor involucramiento del Estado en el cumplimiento de la ley de creación de la Utec”, argumentó Olivera.

Extraído de Búsqueda. Artículo de Juan Pittaluga