El Tribunal de Apelaciones en lo Penal confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia dictada por el juez Claudio De León en la causa por los delitos cometidos durante la detención y muerte de Vladimir Roslik, rechazando todos los recursos de las defensas y avalando el análisis jurídico y probatorio realizado en el fallo original.

A lo largo de la sentencia de segunda instancia, el Tribunal destaca en reiteradas oportunidades el trabajo desarrollado por el magistrado de primera instancia. Los ministros sostienen que “este Colegiado comparte los endilgados en la anterior instancia”, al referirse a la tipificación de los delitos, y también afirman que “el Tribunal comparte el cuestionado relevamiento de las agravantes de la pluriparticipación y la alevosía”. En materia de determinación de las penas, concluyen que “las penas impuestas (…) contemplan las pautas legales para la individualización de las mismas (…) por lo que se las confirmará en la alzada”.

El fallo también respalda los fundamentos centrales de la sentencia de De León respecto a la ilegalidad de las detenciones y los tormentos sufridos por las víctimas. En ese sentido, el Tribunal señala textualmente que “las personas permanecieron por mucho más de 24 horas sin ser puestas a disposición de juez competente” y que “las detenciones no respondieron a situaciones de flagrancia delictual ni seguidas de orden de detención expedida por Juez competente”. Asimismo, enfatiza que “una orden que de manera ostensible atente contra los intereses superiores de la sociedad, no puede reclamar válidamente obediencia”, descartando el argumento de la obediencia debida planteado por las defensas.

Con esta resolución, el Tribunal ratificó en todos sus términos la sentencia Nº 98 del 22 de diciembre de 2025, dejando firme la condena impuesta por el juez De León y validando tanto la valoración de la prueba como la calificación jurídica y la individualización de las penas efectuadas en primera instancia.