El medio digital Ahora noticias de Salto publicó el reciente informe, que incluye a la Dra. Martha Laura Stábile investigada por mala Prazis en Fray Bentos y he aquí el mismo: «Martha Laura Stábile enfrenta un proceso judicial por lesiones gravísimas en Fray Bentos. La profesional mantiene sus consultas en el Hospital de Salto.
Atiende pacientes pese a proceso penal por lesiones gravísimas
Martha Laura Stábile enfrenta juicio por haber dejado a un hombre en estado vegetativo, al actuar sin la especialización requerida. Sin embargo, sigue dando consultas de anestesia en el Hospital Regional de Salto.
INFORME PERIODÍSTICO |
Martha Laura Stábile enfrenta un proceso penal por lesiones gravísimas, derivado de un caso en Fray Bentos donde, según la investigación, actuó sin contar con el título habilitante de la especialidad correspondiente —hecho que habría provocado que un paciente quedara en estado vegetativo. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la imputación y de la existencia de un expediente judicial en curso, la profesional continúa concurriendo al Hospital Regional de Salto y a la Dirección Departamental de Salud para brindar consultas en el área de anestesia.
Lo que se revela no es solo una irregularidad administrativa: es el colapso de los mecanismos de control, una falla estructural que deja a los pacientes en situación de absoluta vulnerabilidad. Mientras la justicia avanza —o intenta avanzar—, las autoridades sanitarias locales mantienen una actitud pasiva, que se interpreta como tolerancia o protección hacia la profesional, en desmedro de la seguridad de quienes acuden al sistema público confiando en su rigurosidad.
SILENCIO EN LOS PASILLOS, CONOCIMIENTO GENERALIZADO
Salto suele describirse por esa calma característica de las ciudades del litoral, donde el tiempo parece transcurrir con otra cadencia. Pero dentro de los pasillos del Hospital Regional y las oficinas de la Dirección de Salud, esa calma convive con una realidad que nadie ignora. Desde el profesional más joven hasta el personal administrativo, todos conocen el nombre: Dra. Martha Stábile. Y lo más inquietante no es el pasado que la vincula al caso de Fray Bentos, sino lo que ocurre hoy, a plena luz del día: continúa atendiendo, con su bata blanca, en la policlínica de anestesia, recibiendo personas que desconocen su situación procesal.
La pregunta que surge inevitablemente es: ¿cómo es posible que nadie intervenga? La respuesta apunta a una combinación de complicidad por silencio, burocracia que dilata y falta de decisión política. Las autoridades del hospital y los jerarcas de la cartera sanitaria departamental tienen en su poder los expedientes, conocen las denuncias y han sido advertidas públicamente desde que el tema salió a la luz meses atrás. Sin embargo, no se ha tomado ninguna medida efectiva para suspenderla preventivamente mientras dure el proceso.
En el ámbito local, se percibe una costumbre de proteger al cuerpo médico, de evitar conflictos institucionales, incluso cuando ello implica poner en riesgo a la población. El paciente —el ciudadano común que necesita una intervención o una evaluación preoperatoria— queda en el extremo más débil: sin saber quién lo atiende, sin protección y a merced de decisiones que nunca se toman. Nadie firma la baja preventiva, nadie la retira de las nóminas, nadie asume la responsabilidad.
LOS GRUPOS DEMOGRÁFICOS MÁS EXPUESTOS
Esta situación no afecta a todos por igual; hay sectores de la población que cargan con mayor riesgo:
• Pacientes con patologías complejas o que requieren cirugías programadas o de urgencia: dependen directamente de la evaluación y el manejo anestésico, donde la falta de especialización o de idoneidad debidamente acreditada multiplica peligros.
• Adultos mayores: suelen presentar condiciones clínicas que exigen una preparación y supervisión muy rigurosa antes, durante y después de procedimientos médicos.
• Poblaciones de zonas rurales o alejadas: que dependen casi exclusivamente de la red pública y tienen menos posibilidades de acceder a una segunda opinión o atención privada.
• Personas de bajos recursos: para quienes el hospital público es la única alternativa real de salud.
Todos ellos integran grupos que, por su condición, no tienen herramientas para defenderse ante una falla del sistema. La falta de control se convierte en una desigualdad de riesgo estructural.
CONCLUSIÓN: UN SISTEMA QUE FALLA EN SU DEBER PRINCIPAL
El caso de Martha Stábile deja al descubierto que en Salto los controles no funcionan como deberían. La salud pública no puede funcionar bajo la lógica de «esperar a que la justicia resuelva» para garantizar la seguridad inmediata de las personas. Mientras la profesional cuenta con garantías procesales —que merece como cualquier ciudadano—, el sistema sanitario tiene la obligación ineludible de adoptar medidas preventivas cuando existen indicios serios de riesgo para la salud ajena.
Lo que está en juego no es solo un nombre en una lista, sino la confianza en el sistema de salud. Y esa confianza se rompe cuando se ve que las reglas se aplican de forma distinta según a quién se refieran, y que la protección al paciente queda siempre en último lugar.
Hasta el momento, las autoridades de Salud de Salto no han explicado los motivos por los que se mantiene esta situación.
La ciudadanía espera respuestas. Y, sobre todo, espera que se proteja lo que el sistema debe proteger: la vida y la salud de quienes acuden a él. Imagen: Uruguay al Dia».-