Daniel Añón propone reducir costos y fortalecer los derechos de los contribuyentes en el BPS.
El candidato de la Lista 30 a las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), en representación del sector empresarial, Daniel Añón, que cuenta con el respaldo de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) y la Confederación de Cámaras Empresariales, presentó cuatro principales propuestas que impulsará en caso de acceder al directorio del organismo.
Reconoció que se trata de un órgano integrado por siete directores y que muchas iniciativas requieren acuerdos, pero sostuvo que existen áreas en las que el representante empresarial puede actuar directamente.
Una de sus prioridades será reducir los costos del Estado, mediante la eliminación de trámites innecesarios o repetidos, una revisión de los controles y una mayor utilización de declaraciones juradas.
En este sentido, cuestionó especialmente el régimen de asesores de los directores del BPS. Señaló que cada integrante del directorio puede disponer de hasta 600.000 pesos para asesorías y afirmó que, de resultar electo, no utilizará ese monto de manera permanente, sino únicamente ante situaciones puntuales que requieran asesoramiento especializado.
Como segundo eje, Añón planteó la creación de la figura del defensor del contribuyente, con una función similar a la del comisionado parlamentario para el sistema carcelario.
La propuesta buscaría brindar respaldo a los contribuyentes en situaciones vinculadas a pagos, cobros, inspecciones o procedimientos judiciales.
Mientras se analiza la eventual creación de esa figura, planteó elaborar una cartilla que establezca claramente los derechos y obligaciones tanto de los contribuyentes como de los inspectores del BPS, con el objetivo de garantizar procedimientos transparentes.
El tercer punto está relacionado con el uso del subsidio por enfermedad y las certificaciones médicas.
El candidato empresarial sostuvo que existe preocupación en el sector por situaciones de certificaciones reiteradas o prolongadas, que generan costos tanto para las empresas como para el BPS.
Propuso que, ante casos reiterados, las empresas puedan presentar la situación al organismo para que sea evaluada junto con los prestadores de salud y se determine si corresponde un tratamiento, una junta médica o eventualmente una solución previsional.
Finalmente, Añón señaló que buscará promover la formalización de trabajadores y pequeños emprendimientos que actualmente permanecen en la informalidad debido a la dificultad para afrontar los aportes al BPS y a la DGI.
Mencionó, entre otros casos, a trabajadores vinculados a la sanitaria, herrería y mujeres dedicadas a la artesanía.
En ese sentido, planteó analizar mecanismos de flexibilización que permitan reducir los aportes y facilitar el ingreso de estas personas al sistema formal, garantizando así también el acceso a una futura jubilación.
La lista 30, es encabezada por Daniel Añón (UNVENU) Unión de Vendedores de Nafta, 1er suplente Daniel Fernández (CAMBADU), Centro de Almaceneros del Uruguay, 2º suplente Leonardo Slinger (Cámara Nacional de Comercios y Servicios, 3er suplente Aline Bisio, Confederación Empresarial del Uruguay, 4º suplente Gabriel Capurro, sector agropecuario y 5º suplente Enrique Padial, Centro de Farmacias del Uruguay.