El Director de Políticas Sociales, Bruno Figún, informó que se concretó la redacción y firma de un convenio que retoma una iniciativa vigente en años anteriores, pero que no había sido renovada desde 2020.
El acuerdo tiene como objetivo principal generar oportunidades laborales para personas que egresan del sistema penitenciario.
Según explicó, la propuesta busca atender la situación de vulnerabilidad con la que salen quienes estuvieron privados de libertad, apostando a reducir los niveles de reincidencia mediante el acceso al trabajo y la mejora de sus condiciones de vida.
El convenio prevé la creación de seis cupos laborales. Si bien se trata de un número limitado, Figún destacó que permitirá avanzar en criterios de equidad territorial e incorporar una perspectiva de género, contemplando también a mujeres que egresan de la cárcel, un aspecto que no estaba incluido en acuerdos anteriores.
El Director Nacional de Apoyo al Liberado, Luis Parodi, valoró la firma del nuevo convenio con la Intendencia de Río Negro, para generar oportunidades laborales dirigidas a personas que egresan del sistema penitenciario, remarcando el impacto social que estas iniciativas tienen tanto a nivel individual como familiar.
Parodi señaló que, si bien desde una perspectiva macro seis puestos de trabajo pueden parecer pocos, “en términos de seis personas y sus familias es una enormidad”, calificando el avance como “un paso fantástico”.
En ese sentido, agradeció la disposición de la Intendencia de Río Negro, para retomar el trabajo conjunto y fortalecer estos acuerdos.
El jerarca enfatizó que el empleo no solo implica una fuente de ingresos, sino también un elemento clave de integración social.
“El trabajo es más que el trabajo: es pertenecer a una organización, generar vínculos, no quedar por fuera de la democracia y poder reinsertarse en la comunidad”, afirmó.
Consultado sobre experiencias similares, Parodi indicó que existen convenios en distintos puntos del país. En Montevideo, por ejemplo, se desarrollan alrededor de 200 puestos de trabajo protegidos, mientras que también hay iniciativas en Salto, Soriano y otros departamentos, como ahora en Río Negro, en coordinación con organismos estatales y municipales.
Explicó además que estos programas se gestionan mediante la articulación entre intendencias, municipios y organismos nacionales, asegurando que los empleos se desarrollen dentro del marco legal, con aportes al BPS y cobertura del Banco de Seguros del Estado.
En relación a la situación del sistema penitenciario, Parodi advirtió sobre el alto número de personas privadas de libertad, que ronda las 17.000, a lo que se suman unas 10.000 en regímenes de libertad vigilada o a prueba. “Este país no podría tolerar más que eso”, sostuvo, remarcando la necesidad de políticas, que apunten tanto a prevenir el ingreso al sistema como a facilitar la reinserción al egreso.
Finalmente, alertó sobre los niveles de reincidencia, que alcanzan aproximadamente el 70%, señalando que, si esa cifra no disminuye, “la seguridad seguirá siendo un problema complejo”.